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Priscila Celedón

Priscila Celedón

Gestión confiable de Datos Covid-19 para toma de decisiones de gobierno

Derecho de Petición a Procuraduría General de la Nación (Colombia) Señores Procuraduría General de la Nación Ref: Solicitud de Intervención

Los suscritos ciudadanos identificados como se relaciona a continuación: PRISCILA CELEDÓN CONSUEGRA C.C. 32.676.500 DE BARRANQUILLA, ABOGADA Y POLITÓLOGA. LEYLA DIAZGRANADOS VASQUEZ C.C. 36.544.263 DE SANTA MARTA, ARQUITECTA.  VERÓNICA TRUJILLO ACOSTA C.C. 45.496.729 DE CARTAGENA, ESCULTORA.  MARGARITA CELEDÓN LLINAS CC. 22.400.197 DE BARRANQUILLA, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS.  VALMORE ZAMBRANO CAMACHO C.C. 7.479.788 DE BARRANQUILLA, COMERCIANTE.  ROLANDO CELEDÓN CONSUEGRA C.C. 8.716.654 DE BARRANQUILLA, INGENIERO DE SISTEMAS. CRISTÓBAL PADILLA TEJEDA C.C. 8.729.973  DE BARRANQUILLA, ECONOMÍA SOLIDARIA.  NHORA ALEJANDRA TOVAR CASTRILLÓN C.C. 38.612.942 DE CALI, EMPRESARIA CULTURAL.    SOLEDAD LEAL PACHECO C.C. 32.648.754 DE BARRANQUILLA, PERIODISTA POLITOLOGA.   CARMENZA MORALES BRID C.C. 33.141.350 DE CARTAGENA, ABOGADA.  ANA HILDA GUASCA RAMOS C.C. 51.777.025 DE BOGOTÁ D.C.  VILMA LUZ ARAQUE GONZÁLEZ C.C. 43.038.837 DE MEDELLÍN, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS.   MARY LUZ GARCÍA BEJARANO C.C. 43.522.578 DE MEDELLÍN, EMPRESARIA. CAMILO ARAQUE GARCÍA C.C. 1.037.631.632 DE MEDELLIN, PROFESOR.  JULIA CHADID BUELVAS C.C. 1.101.447.078 DE SAN ONOFRE, SUCRE, COMUNICADORA SOCIAL.   WILLIAM CARABALLO CASSAB C.C. 9.085.284 DE CARTAGENA, ABOGADO.  JAVIER HERNANDEZ GARCÍA C.C. 9.081.513 DE CARTAGENA, FILÓSOFO.  OLGA LUCIA ESCOBAR HINCAPIÉ C.C. 33.143.166 DE CARTAGENA, ANTICUARIA.  CECILIA DELGADO DE GUERRERO C.C. 33.111.239 DE CARTAGENA, MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS.  ALFREDO GUERRERO TATIS C.C. 889.451 DE CARTAGENA, MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS.  GERMAN RICARDO CUBIDES PINTO C.C. 79.652.604 MARTA SALAZAR MORALES C.C. 45.490.971, ABOGADA-DERECHOS HUMANOS.  GIANCARLO BARBASTEFANO MORALES C.C. 1.051.444.762, ABOGADO.   MARÍA MARGARITA ABELLO VILLALBA C.C. 22.360.870 DE BARRANQUILLA, ANTROPÓLOGA.  VILMA GUTIERREZ DE PIÑERES C.C. 22.384.991 DE BARRANQUILLA, COMUNICADORA SOCIAL.  CARMEN AREVALO CORREA C.C. 22.366.473 DE BARRANQUILLA, ARQUITECTA PLANIFICADORA.  MILTON DAVID CORAL PEÑA C.C. 72.138.485, CONSULTOR EN COMUNICACIONES POLÍTICA.  

Constituidos en veedores de lo público, en consideración al marco legal y constitucional que establece las competencias del Ministerio Público: 1. Velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas por la Constitución y la Ley a servidores públicos, 2. Promover la protección de los derechos fundamentales, y 3. Proteger el patrimonio público. 

Apelando a los principios de flexibilidad, racionalidad, autonomía, oportunidad, priorización, coordinación e integralidad que rigen la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación, considerada su principal responsabilidad, cuyo objetivo es vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes. 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación generada por la pandemia del COVID-19, y el riesgo que representa para la salud y la vida de todos los colombianos, atentamente le solicitamos en consideración a lo siguiente: 

El ejercicio de vigilancia y control sobre las medidas para prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, que a partir de la fecha estudie y proyecte el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque, y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez

  • Para controlar la propagación del virus, mediante Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, el Presidente ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del país, a partir de las 00:00 horas del 25 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril. La orden de aislamiento impartida fue prorrogada mediante Decreto 531 de 8 de abril, a partir de las 00:00 horas del día 13 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas del día 27. 
  • En los últimos días, el Gobierno ha manifestado la voluntad de flexibilizar la medida de aislamiento general más allá del 27 de abril, permitiendo bajo controles sanitarios la apertura de los sectores manufacturero y de la construcción, y anunciando que se estudiaran flexibilidades adicionales a partir del 11 de mayo. Estas decisiones aún no han sido formalizadas mediante la expedición del decreto respectivo.  
  • Como soporte de las futuras decisiones referentes a la flexibilidad, exhibe las estadísticas recopiladas por el INS, las cuales supuestamente dan cuenta de un aplanamiento en la curva de contagio, y disminución de la curva de los casos confirmados de personas fallecidas por el COVID.  

Los suscritos constituidos en grupo de trabajo multidisciplinario, realizamos un estudio detallado sobre los datos que en tiempo real está emitiendo el INS, detectando alteraciones por cambio de datos en diferentes fechas, agregados en las hojas de ruta publicadas por el INS y que evidencian el manejo improvisado y errático de la información sobre la pandemia. 

ELEMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRAS AFIRMACIONES 

PrimeroLa ausencia de un sisdemuestra desde el inicio de la pandemia, informa sobre la debilidad del sistema, confirmando la necesidad de revisar todo lo que ha sido el proceso de publicación de información, con el fin de definir estándares claros a futuro para exhibir información transparente, sin confusiones, que le permita al ciudadano común acceder a un conocimiento inequívoco sobre la realidad. 

Segundo: Cambios en los datos y en la estructura de datos, generando errores importantes que impiden con certeza determinar o establecer una disminución en la curva de contagio. Múltiples personas han detectado la situación, y han protestado contra el INS por la falta de claridad de los reportes, tal como puede verse en su página web (se incluye en los anexos de esta petición).  

Para ilustrar estos elementos nos remitiremos al documento presentado como anexo, cambios en la información-pérdida de confiabilidad y en página anexa tomada de la web del INS. En estos anexos se evidencian los cambios sucesivos además de otras falencias y yerros- que se dieron en cuanto a la estructuración de los datos principales para generar la estadística. Llamamos la atención, que en el punto sexto del extracto de la página web que se acompaña, el INS informa que “los datos seguirán cambiando de manera periódica, pues por nuestro sistema de vigilancia irá mejorando la calidad de los mismos. Esto sucede en todos los países y es un proceso natural de la recolección de datos. Los datos definitivos serán cerrados 12 meses después del registro”. Lo que quiere decir que los errores graves que se han cometido hasta la fecha desde el punto de vista de la INS van a continuar. 

CRITERIOS PARA LEVANTAR LA CUARENTENA  

En entrevista publicada por el diario El Tiempo el 19 de abril de 2020, la Vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, puso en la misma balanza la salud y la economía. Entendemos perfectamente que la economía deba reactivarse en alguna fase de la pandemia, sin embargo, desde una visión ética-humanista, la vida está por encima de los problemas económicos que se deriven de esta. Señaló, que las medidas de apertura económica que adelantará el Gobierno estarán condicionadas al aplanamiento de la curva de contagio, al testeo y seguimiento permanente al desarrollo del virus.  

Entonces, nos encontramos en un alto riesgo de exposición al virus si no se toman las medidas correctas y se efectúen los ajustes estadísticos que correspondan, no podemos olvidar que la laxitud de las autoridades sanitarias puede generar; 1. perder lo que hemos ganado con el aislamiento; 2. llegar a desbordar la asistencia sanitaria, tal como se ha visto en otras latitudes, y aumentar el número de fallecidos, situaciones estas que pueden evitarse si tomamos medidas acordes con la realidad del contagio en el territorio, que en estos momentos para nosotros es confusa. 

Anotaciones sobre el Derecho a la Información en Colombia Se hace énfasis en la Información Estadística 

Anterior a la Constitución de 1991 no existía en forma expresa el derecho a la información pública. La Constitución de 1886 registró el tema muy tímidamente, señalando que cualquier persona podía pedir información de forma respetuosa y tener pronta resolución a su petición. 

Lo anterior llevó a que por mucho tiempo el manejo de la información en el país, que valga señalar estuvo en situaciones de conflicto interno muchos años durante el siglo XX, no permitiera que los datos de este conflicto se pudieran obtener fácilmente, se llevaran estadísticas claras. En materia económica había mejor información que en materia social. 

La historia de la pandemia de gripe española en 1918 evidencia la falta de información confiable sobre el número de fallecidos en los territorios más afectados, caso de Bogotá, Boyacá y los Santanderes. Mucho tiempo después, investigadores y epidemiólogos han intentado reconstruir lo ocurrido en aquella época, para lo cual han tenido que recurrir a los registros de fallecimientos, evaluando los cambios de los registros de años anteriores a la pandemia, con los de 1918 y 1919, es decir, no se contó con esa información y sin la serie de medios y redes sociales de la actualidad, nadie terminó sabiendo el efecto de la enfermedad en Colombia, y si padecieron su embestida, lo vivieron en su territorio, sin contar con la información para comprender la magnitud de hacer parte de los más de 40 millones de muertos que causó en el mundo. 

La Constitución de 1991 y la revolución tecnológica y de la información 

En el planeta, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la información ciudadana en tiempo real, han transformado la vida, la gestión del conocimiento, el manejo de la información, la velocidad de transmisión de un virus a través del mundo, y tantos otros temas que hoy nos impactan a todos los seres humanos, y por que no decirlo, a todos los seres vivos, por lo que hemos visto con sorpresa en las últimas semanas. 

Uno de los importantes cambios que trajo la Constitución Nacional de 1991 (CN91), tuvo que ver con el derecho de acceso a la información reconocido y protegido por sus artículos 20 y 74. El artículo 20 de la Constitución Nacional protege el derecho de toda persona de expresarse libremente, informar y recibir información veraz e imparcial. Asimismo el artículo 74 de la Carta Magnaestablece que  “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.” 

A la Procuraduría General de la Nación, se le da el carácter de principal garante de estos y otros derechos ciudadanos, en el artículo 277 de la (CN91). 

Colombia ha sido firmante y respetuosa de la diplomacia de derechos humanos en el mundo, entre ellas de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en su artículo 13, la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Asi mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado.  

En un situación posiblemente única, como la de una pandemia, donde las posibilidades son que pase máximo una vez en la vida de una persona, es de trascendental importancia la información pública sobre las condiciones de salud, dinámica de contagios, casos en el país por territorios, fallecidos, crecimiento y decrecimiento de los contagios, capacidad del Estado para afrontarla en cuanto a cobertura de salud en hospitales y UCI. Es decir, resulta esencial la confiabilidad de los datos públicos. 

La Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

Soportada en la Constitución Nacional de 1991, el Congreso expide la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, como la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. Es su objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles. 

Sobre esta Ley se fundamenta especialmente este derecho de petición.  

La Ley 1712 señala en su artículo tercero, que “En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios…  

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. 

Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.” (los cambios han generado dificultades para su procesamiento y reutilización en análisis así como ha perdido confiabilidad).

Por otra parte en el artículo 23, se establece que la garantía de protección del derecho de información corresponde al Ministerio Público, colocándole entre otras las siguientes funciones y atribuciones: a) Desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de esta ley. 

La transparencia es una de las dimensiones relacionadas con el acceso a la información pública, que supone poner a disposición del público de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente establezca la ley. En este sentido, la transparencia no es un fin, sino un medio por el cual la administración pública se hace más eficiente y la ciudadanía conoce de antemano las actuaciones de sus servidores públicos.  

En el caso que nos ocupa esta labor no se ha logrado de la manera transparente requerida, en especial para una situación delicada y de crisis nacional que guarda estrecha relación con las decisiones sobre la vida de los colombianos hoy y los próximos meses. 

La Ley 1712 de 2014 crea el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), como entidad responsable de implementar la política para acceso a la información. 

Protocolos para la Gestión de Información Estadística  Gestión de la DAFP 

Así en 2018 la DAFP presenta el Protocolo para la gestión de información estadística de la Función Pública, que se basa en los principios de NORMA TÉCNICA DE LA CALIDAD DEL PROCESO ESTADÍSTICO, Norma NTC PE 1000 de Icontec y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LA GENERACIÓN  DE ESTADÍSTICAS del 

Dane, que deben cumplir todas las ramas del poder público que manejen estadísticas.

El documento de la gestión de la información estadística establecido por la Función Pública presenta 7 Reglas de oro para la gestión de la información estadística en Función Pública, en la que se refieren a las bases de datos y a la información. En la regla 2 que se refiere al código Divipola, es decir el relacionado con la división política del país, y que también lo señala el Dane para todas las entidades públicas en cuanto a archivos, en el caso de los datos de casos del INS solo se agregó como tal el 19 de abril, casi un mes más tarde de la información pública diaria presentada y descargable.

En cuanto a la regla 6, referente que señala que “El Jefe o Director de la dependencia que produce o administra la información estadística es el responsable final de su calidad en términos de: 

  1. Veracidad: Se refiere a información fiable, que representa verdaderamente la realidad. 
  2. Consistencia: Se refiere a la estabilidad y uniformidad de la información estadís-tica de un periodo a otro. 
  3. Oportunidad: Se refiere a que la información debe alcanzar a sus destinatarios en el tiempo prestablecido, de manera que les permita tomar decisiones y definir acciones basados en ella. 
  4. Accesibilidad: Se refiere a la facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los usuarios. Contempla la forma en que ésta se provee, los medios de difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y los servicios de apoyo para su consulta. 
  5. Completitud: Se refiere a información sobre todas las unidades de la población objetivo (ej. entidades, servidores públicos o municipios).” 

Es claro que que los numerales b y c de veracidad y consistencia no se han cumplido, y al día 21 de abril, seguían sin cumplirse porque por enésima vez hicieron cambios en la estructura del archivo. Claramente la información que han venido publicando no es estable y uniforme; ya que, desde hace tiempo, casi todos los días cambian la estructura del archivo de datos y/o el formato de campos de datos. En cuanto al apartado d  referente a la accesibilidad aunque ha habido información disponible, no ha sido fácil acceder a ella porque si cada vez que se va a buscar información hay que manipular el archivo de datos obtenido antes de poder hacer los análisis, se pierde mucho tiempo y eso no es facilidad. Reiteramos la existencia de días donde para acceder a la información había que crear un usuario de google. Vale la pena anotar que no se puede afirmar conr respecto el punto a, referido a la veracidad se haya cumplido a cabalidad, porque la gran cantidad de inconsistencias arroja serias dudas sobre muchos datos, como es el caso de de un día para otro, por ejemplo del 16 al 17 de abril, donde aparecen que las edades de 15 casos reportados entre el 31 de Marzo y el 16 de Abril, pasaran de interpretarse como años a hacerlo como meses. 

Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico Dane – Icontec  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) le correspondió elaborar la norma técnica que cobija todo el sector público. 

El DANE en cumplimiento de lo establecido en el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015, elaboró y publicó la presente norma técnica para garantizar la calidad del proceso de producción y difusión de las estadísticas oficiales. 

Esta norma tiene como finalidad dar cumplimiento a la ley y contribuir a que las entidades y las organizaciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN) produzcan estadísticas oficiales con estándares de calidad. 

Asimismo se plantean como atributos de la calidad estadística los siguientes: 

  1. Accesibilidad. Facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los usuarios.  
  2. Coherencia. Se refiere al grado en que están lógicamente conectados los conceptos utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados producidos por la operación. 
  3. Comparabilidad. Es la característica que permite que los resultados de dife-rentes operaciones estadísticas puedan relacionarse, agregarse e interpretarse entre sí o con respecto a algún parámetro común. 
  4. Continuidad. Hace referencia a la garantía de la producción permanente de la operación estadística. 
  5. Credibilidad. Es la confianza que depositan los usuarios en los productos es-tadísticos, basándose en la percepción de que éstos se producen de manera profesional de acuerdo con estándares estadísticos adecuados, y que las políticas y las prácticas son transparentes. 
  6. Exactitud. Grado en que los resultados de la operación estadística se apro-ximan y describen correctamente las cantidades o las características que se desean medir. 
  7. Interpretabilidad. Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los datos; teniendo en cuenta el alcance de los mismos. 
  8. Oportunidad. Se refiere al tiempo que transcurre entre la ocurrencia del fenó-meno de estudio y la publicación de la información estadística, de tal manera que sea útil para la toma de decisiones. 
  9. Precisión. La propiedad de estimar la realidad del fenómeno de estudio con un error aleatorio mínimo. 
  10. Puntualidad. Es el cumplimiento del calendario establecido para la publica-ción de los resultados de la operación estadística.
  11. Relevancia. Se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesi-dades de información de los usuarios. 
  12. Transparencia. Condición bajo la cual el productor de estadísticas pone a disposición de los usuarios los metadatos que permiten conocer el desarrollo de la operación estadística. 

Es claro cómo se verá acorde con los informes presentados y anexos a esta petición, que no se están cumpliendo en un tema tan crítico y de vital importancia para todos los colombianos, los literales a,b,c,e,f,g,i. 

Asimismo al parecer no contaba el Ministerio de Salud ni el INS con un software para manejar epidemias y seguir procedimientos metodológicos unificados para ello, como lo exige esta norma, ni se han cumplido las fases rigurosas del proceso estadístico que señala el Dane e Icontec. No es posible que se esperara hasta una situación como la que viene ocurriendo, para que pusieran a funcionar una versión de excel y definieran en forma improvisada los campos a considerar para este proceso, y por ello lo hayan cambiado en diferentes momentos y aún hoy. Por tanto el objetivo de permitir el seguimiento y la evaluación, y en este trascendental caso, de tomar decisiones públicas de impacto sobre la vida y derechos de los colombianos, no ha sido realizado de la manera adecuada. 

Asimismo se han adelantado “medidas de calidad”, señala la norma que “la entidad debe garantizar la consistencia de los resultados implementando medidas de calidad, y advirtiendo a los usuarios las limitaciones de los mismos.” 

En cuanto al diseño del procesamiento de la información, dice la norma que “La entidad debe documentar e implementar la metodología de procesamiento de la información que incluya las siguientes actividades: 

  • especificaciones de rutina para la codificación, 
  • edición (cuando sea aplicable), 
  • imputación (cuando sea aplicable), 
  • estimación (cuando sea aplicable), 
  • integración,
  • validación de la coherencia y completitud de los resultados, 
  • consolidación de las bases de datos, y 
  • validación y consistencia de la información alfanumérica y geográfica (cuando sea aplicable). 

Por supuesto la validación de la coherencia, completitud, consolidación de las bases de datos y la validación y consistencia, no se realizado de manera adecuada, afectando la interpretación de la información como se observa en las gráficas que se anexan.  

Asimismo, en cuanto a las pruebas de diseño, “la entidad debe documentar, implementar, mantener y mejorar uno o más procedimientos para el desarrollo de pruebas; cuando se formulen, cambien o actualicen aspectos metodológicos u operativos.  

Las pruebas deben:  

  • permitir identificar las afectaciones en el desarrollo de la operación estadística,  – mantener la trazabilidad de las pruebas realizadas a los métodos e instrumentos diseñados,  
  • documentarse tanto los resultados como las conclusiones de las mismas, y  – mantener la información documentada como evidencia del proceso.”  

Todo lo anterior al parecer no se ha realizado siguiendo los protocolos exigidos en esta norma. 

En cuanto al Análisis de Coherencia, “la entidad debe realizar y documentar el análisis sobre la información obtenida para validar la coherencia interna entre variables y con respecto a las series históricas. Esto debería garantizar que: a) Se verifique la consistencia interna de las variables. 

  • Las actualizaciones y/o cambios metodológicos sean documentados para permitir los empalmes de las series históricas. 
  • Se documenten los métodos de empalme de las series históricas. 
  • Los datos atípicos estén identificados, explicados y documentados, para permitir la correcta interpretación de los resultados.” 

Para el Análisis de Comparabilidad, “la entidad debe determinar si la información es comparable con los resultados de otras operaciones estadísticas en temáticas similares, producidas a nivel nacional o internacional… Para la comparabilidad de los resultados de la operación, se deben tener en cuenta las nomenclaturas, las clasificaciones y los conceptos y demás aspectos metodológicos definidos para la temática de la operación estadística.”

Urge que este proceso se cumpla adecuadamente, ya que hoy de hecho Colombia hace parte de los comparativos mundiales a través de la OMS, John Hopkins University y otros sistemas mundiales que siguen la pandemia. En cuanto al número de test realizados no se cuentan con cifras oficiales en la página del INS. 

Por último, la entidad debe difundir y mantener las series históricas de la información estadística producida y realizar, cuando lo requiera, notas explicativas sobre las diferencias que se puedan presentar. Las notas explicativas deberían ser presentadas, de manera: 

  • clara,
  • comprensible,
  • con la debida orientación, y 
  • de fácil interpretación de los resultados frente a la temática del fenómeno de estudio.  

Todo lo señalado sobre series históricas, debe seguir las normas establecidas en materia de coherencia, ya anotadas anteriormente. Por tanto, en esta materia, tampoco ha cumplido el INS ni el Minsalud con estas notas explicativas, ya que por varios días y aún hoy se han realizado un sinfín de cambios en la publicación diaria de casos. Con excepción de una nota general poco explicativa que hace 3 días viene apareciendo al abrir el tema de coronavirus en la página web del INS, no hay nada más que aclare y justifique los cambios que impiden la comprensión, seguimiento, análisis y procesamiento de la información. La nota explicativa también se adjunta con esta petición. 

No existen las condiciones técnico científicas y legales para flexibilizar las medidas contra la pandemia.  

Conocemos, Señor Procurador, de su sensibilidad, como funcionario público de alto rango, sobre la situación expuesta. Aproximadamente hace dos semanas declaró para la prensa, que “Los números que tenemos, y es doloroso decirlo, en número de infectados y de probablemente de fallecidos, no son los reales. Hay que trabajar en las pruebas, insisto, para tener un escenario muy claro de los datos de cuál es la población que está infectada, como hizo Corea que logró contener la epidemia. Si Colombia tiene la información clave, se podrá determinar el número de semanas más que deberían estar confinados los ciudadanos o no”.  

Es esta manifestación la que nos impulsa a solicitar su intervención que permita corregir los yerros y falencias que contienen los informes divulgados sobre la pandemia, dado que este cúmulo de datos constituye el soporte para la toma de decisiones, volvemos a repetir, que ponen en riesgo la salud de todos los colombianos, incluída la suya. 

Como consecuencia de sus apreciaciones, es oportuno reproducir los seis criterios señalados por la OMS para retomar las actividades, expresados en una conferencia de prensa, por el director Tedros Adhanom.     

El primer criterio es que la transmisión de la covid-19 esté controlada. El segundo, la capacidad de los sistemas de salud para probar, aislar y tratar los casos. El tercero, establecer medidas preventivas en lugares especiales para la ciudadanía (como sitios de trabajo). El cuarto, gestionar el riesgo de no importar casos de otros países. El quinto, que estén minimizados los riesgos de un nuevo brote. Y el sexto, que toda la ciudadanía se adapte a estas nuevas normas. 

Estas recomendaciones y criterios están consignadas en un documento que emitió la OMS. Allí dice: “Las decisiones sobre cuándo y dónde hacer la transición deben estar basados en la evidencia”. Y con base en la evidencia detalla que, para minimizar el riesgo de un repunte, el levantamiento de las medidas debe hacerse en fases, en periodos de dos semanas.  

Siguiendo estas recomendaciones, este grupo de ciudadanos tuvo la iniciativa de analizar la información que sobre la pandemia el Gobierno Nacional-Ministerio de Salud permeaba en su página web. Producto de este esfuerzo colectivo es el documento de análisis estadístico consistente en gráficas e informes que aportamos como anexos a la petición y que demuestran que la información suministrada por el INS no es confiable, en cuanto al aplanamiento de la curva de la pandemia, es decir, no está controlada, atendiendo al primer criterio señalado por la OMS. 

Muy respetuosamente sugerimos, dado que la estadística es una ciencia matemática compleja, se asesore la Procuraduría con ciudadanos que provengan del sector académico con altas calificaciones en el tema, no vinculados con el gobierno, contribuyendo en consecuencia a generar la confianza ciudadana tan necesaria para el sosiego colectivo. 

De hecho, epidemiólogos como Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, han expresado opiniones interesantes en este tópico, igualmente el doctor Carlos Álvarez, Coordinador de la OMS para el Covid en Colombia señaló, “que si bien puede haber subregistros del número total de casos por las limitaciones en la aplicación de pruebas hay otros indicadores que permiten inferir que la pendiente de la curva epidémica ha descendido lo que puede ser base para análisis con miras a tomar decisiones”. (Edición diario El tiempo de 20 de abril de 2020). 

Este funcionario agrega que las pruebas realizadas el viernes 17 de abril solo arrojaron el 5,6% de positivas, considerándolo una cifra baja. Esta información fue tomada del informe de la INS con base en la estadística que hoy estamos cuestionando. Por otra parte, en cuanto al segundo criterio, compartimos la opinión expresada por el cuerpo médico en cuanto a que en el país no se han realizado pruebas suficientes y por lo tanto no hay evidencia de que el contagio esté controlado, simplemente lo hemos confinado muy parcialmente, no se están detectando los contagiados asintomáticos, estamos a ciegas y no es ético tantear a ciegas para ver como nos va flexibilizando la medida de confinamiento, si el Gobierno falla en su intento retrocederemos, pudiendo dispararse la tasa de contagio. No hay información confiable en este tópico. Las UCI no están dotadas, los médicos están desprotegidos en su bio seguridad, expuestos a riesgos y a contaminación con el virus, lo que ya es una realidad. 

Según opinión de la salubrista Isabel Beltrán, flexibilizar el confinamiento no es una decisión fácil, “son varios los factores lo que se deben tener en cuenta pues “esto no es un mero asunto de epidemiólogos e infectólogos, sino que involucra a muchas ramas del saber social que aquí deben tenerse en cuenta”, dice Beltrán. Hay que tener en cuenta que con esta pandemia son varios los componentes de riesgo, transmisión de enfermedad y muerte los que están en juego, asó como aspectos sociales, económicos, culturales y hasta de seguridad que por primera vez tocan a la totalidad de la población colombiana.”

DOCUMENTOS ANEXOS 

  1. Documento LA DÉBIL CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN OFICIAL DE CASOS COVID 19 PUBLICADA POR LA INS. 
  2. Nota explicativa publicada en la página del INS. 
  3. Análisis de diferencia de datos en Excel 
  4. Gráficas comparativas de series y acumulados, nacional, Bogotá y Barranquilla.  
  5. Listado de casos  (Los anteriores documentos están a disposición de quienes nos lo soliciten, por condiciones de tamaño y características no se pueden subir acá)

 

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