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Priscila Celedón

Priscila Celedón

¡Qué prime la sensatez y la vida en la aplicación de la justicia durante la crisis!

Artículo que analiza el impacto de las investigaciones del Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación a los gobernadores y alcaldes en medio de la crisis sanitaria y social y plantea la necesidad de aplicar la ética razonable para que las investigaciones no afecten la protección de los ciudadanos

Sin duda los acontecimientos que estamos viviendo por la crisis sanitaria y social del Covid-19 en nuestro país, nos obligan a pedirle al Fiscal General de la Nación y al Procurador General de la Nación, una urgente aplicación de la justicia desde la ética de lo razonable, en beneficio de los ciudadanos. 

No más había iniciado la primera cuarentena en Colombia, cuando los alcaldes y gobernadores del país, casi recién posesionados, se aprestaron a contratar y gestionar alimentos, implementos para el personal de salud, las instituciones sanitarias y otros requerimientos, bajo el paraguas de la declaración de emergencia por el Covid-19. En especial, se contrataron alimentos rápidamente, con el propósito que la cuarentena decretada por el gobierno nacional se pudiera cumplir, que se dieran 15 días sin problemas de hambre en las zonas vulnerables, y que se pudiera preparar el sector salud para responder a la enorme amenaza que llegaba. Esta labor dispendiosa y bajo condiciones de emergencia, tuvo todo tipo de errores, buenas y malas intenciones, y negociados y compras legítimas bajo los criterios nacionales y valores del Dane. En cuanto a la entrega de alimentos, se generaron molestias en la población así como errores que multiplicaron los contagios por realizarlos en filas de personas, hubo bolsas de alimentos que tenían como marca el rostro del dirigente de turno y no de las instituciones públicas -como en si estuvieran en campaña-, se entregaron alimentos que pensaban en la cultura gastronómica de los territorios, otros no, algunos entregaron alimentos perecederos, otros solo no perecederos, en fin todo tipo de formas acertadas y equivocadas se vieron en el país.

Lo más común que se vio, fue la entrega de alimentos claramente insuficientes para 15 días de encierro por vivienda, no tuvieron en cuenta que estas viviendas son habitadas por más de una familia, acorde con las tasas de hacinamiento que existen en las zonas más vulnerables de Colombia, datos que reposan en el DANE por municipio y departamento. No se hicieron esperar las protestas en redes, con videos de las familias inconformes con los alimentos recibidos, como perecederos podridos, alimentos de mala calidad o inadecuados, y otras tantas razones, muchas válidas para quejarse, de las que ocurren en nuestra geografía macondiana, y que se agravan con la angustia ante el enorme riesgo de salud que todos vivimos. Como respuesta a las protestas, increíble para el momento de la crisis, la Fiscalía y Procuraduría Generales de la Nación, actuaron con inusitada rapidez, notificando a más de la mitad de los gobernadores del país y buena parte de los alcaldes, que tenían abiertas investigaciones en su contra por contratos de alimentos y otros suministros. 

En otro momento, no en medio de una crisis de semejante magnitud y características, simplemente se aplaudiría, pediría más firmeza, otros demandarían más pruebas o solicitarían seleccionar con claridad quiénes sí y quiénes no lo han hecho bien, para pedir las máximas sanciones a los que verdaderamente han delinquido en un momento de tanta vulnerabilidad ciudadana.

Sin embargo, justo en este momento, tomar una decisión de estas en un país tan golpeado por la impunidad y las injusticias, ha sido completamente imprudente y paradójicamente injusto con los ciudadanos. Ya que la necesidad de contar con dirigentes concentrados en adelantar todas las medidas y dedicar todos los esfuerzos a controlar el Covid-19 en sus territorios y reducir el número de fallecidos, debía primar sobre todo lo demás.

Si el Fiscal General y el Procurador General revisan cifras de control y contagios, es claro que varios de los territorios colombianos donde suspendieron autoridades, aumentaron las cifras de contagiados y el virus avanzó más de lo esperado hasta ese momento. Lo que ha pasado con los dirigentes investigados no ha ayudado a controlar la pandemia, en varios casos la ha incrementado. El miedo de gobernadores y alcaldes a una sanción, casi ingresando a sus cargos, ha terminado centrando la atención de la mayoría de ellos en su defensa y en reuniones con sus abogados, dejando en segundo plano la atención de la crisis sanitaria. De otra forma, tampoco se ha podido contar con más alimentos y otros insumos, por que la mayoría de los gobernadores y alcaldes temen una nueva investigación, de manera que siguen las poblaciones de territorios investigados, sufriendo los efectos de una acción aparentemente justa, pero falta de ética razonable.

Es inadmisible por llamarlo menos, que con las hojas de vida del Fiscal General y el Procurador General -en temas de justicia, derechos humanos, participación en organismos multilaterales y demás experiencias-, no se anticiparan a comprender los resultados de sus acciones de investigación en medio de esta atípica crisis; o dada la cooperación multilateral y judicial en tantos temas, no conocieran las lecciones europeas en materia de justicia en época de crisis, que serían de gran utilidad hoy. En países europeos como España, Italia o Suecia, las investigaciones por hechos que afectaron la propagación de la pandemia o su buen manejo, esperaron a la atenuación de los contagios y las muertes, y el comienzo de la nueva normalidad, para iniciarse por parte de las autoridades respectivas, los procesos e investigaciones de fondo sobre temas como la aplicación de la inmunidad de rebaño en Suecia, las marchas del 8-M en España o las muertes en casas de ancianos en Italia.

¿Sería posible que la aplicación de justicia que nos interesa a todos los colombianos, y que está en manos del Fiscal General de la Nación y del Procurador General de la Nación, pueda esperar unos meses y que las nuevas investigaciones se inicien apenas pase esta enorme crisis de fallecidos y contagiados? Aplicarían así una acertada ética de lo razonable en beneficio de la ciudadanía colombiana. Mientras tanto, deben adelantar acciones y visitas preventivas, como una opción para verificar ex ante posibles errores o delitos.

Es triste que hasta cuando se aplica la justicia, terminemos en la injusticia para los ciudadanos. Señor Fiscal y Señor Procurador, apliquen ante la crisis del Covid-19, en su calidad de jefes de los máximos organismos del Estado –que garantizan la eficaz administración de justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos ante el Estado respectivamente-, criterios de extremo cuidado, que aseguren a los colombianos priman los principios de protección de la vida y bienestar de las personas en su labor.

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